La gestión del presidente Mauricio Macri tendrá esta semana un ojo puesto en el mercado y otro en el Congreso. En el primero, para observar cómo evolucionará la cotización del dólar, tras las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda para bajar la meta del déficit primario, y por el Banco Central, que subió al 40% la tasa de política monetaria. En el segundo, estará en la mira la conducta que asuma la Cámara de Diputados frente a la insistencia de la oposición por retrotraer los valores de las tarifas de los servicios públicos privatizados a niveles de noviembre de 2017.

Pese a las críticas del Gobierno nacional contra los proyectos en cuestión, el massismo y el bloque Argentina Federal oficializaron la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles a las 12, en un tercer intento por tratar y aprobar el proyecto consensuado contra los aumentos de tarifas, indica el portal Parlamentario.com

A pesar de que los funcionarios atribuyeron la corrida cambiaria a la iniciativa sobre “precios razonables”, el interbloque Argentina Federal y el Frente Renovador, junto al Movimiento Evita, convocaron a tratar el tema en el recinto tras completar el trámite en comisiones.


La solicitud reunió las firmas de los jefes del Frente Renovador, Gracias Camaño, y de Argentina Federal, Pablo Kosiner, además de los massistas Felipe Solá, Marco Lavagna, Alejandro Grandinetti y Marcela Passo; los justicialistas Diego Bossio, Pablo Yedlin y Sergio Ziliotto; y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).

La oposición también incluyó en el temario el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo, un tema de especial interés para Cambiemos, que de hecho fue el primero en pedir una sesión especial para el miércoles a las 10.30, indicó el sitio especializado en actividades parlamentarias. Con su propia agenda, el oficialismo pretende sancionar, además de la reforma del Mercado de Capitales, la nueva Ley de Defensa de la Competencia, que apunta a endurecer las sanciones contra las conductas monopólicas en el mercado.

Hasta ahora, y si se mantiene unida la oposición, el oficialismo prevé que se aprobaría la iniciativas para luego ser girada al Senado que, en caso de hacerlo ley, se encontraría con el veto del Poder Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, había señalado que la definición de las tarifas de los servicios públicos “no es un tema legislativo”, sino que “corresponde a la potestad del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias”. También celebró “la actitud de varios gobernadores” que “salieron a plantear con toda claridad” un postura en el mismo sentido. Fue un claro mensaje también para otros mandatarios que vienen dialogando con la Casa Rosada.

Por eso es clave lo que definirán los gobernadores del peronismo Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Manzur (Tucumán). En ese sentido, Manzur había señalado a LA GACETA que iba a conversar con los diputados que responden a su gestión. “La provincia viene ayudando al gobierno nacional y vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven los diputados, de donde espero salgan propuestas superadoras”, declaró el mandatario tucumano en los últimos días.

El proyecto elaborado por los diputados Lavagna y Bossio consiste en que la suba de tarifas no pueda superar a la de los salarios, y además rebaja el IVA en las facturas del 21% al 10,5%, algo que el Gobierno no está dispuesto a conceder, por lo que la oposición podría desistir.

En tanto, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, advirtió que el dictamen de “emergencia tarifaria” impulsado por la mayoría del arco opositor “no solo dinamita al Estado nacional, sino que desfinancia a las provincias al reducir el IVA, que es coparticipable”.

Negri precisó que “entre todas (las provincias), deberán afrontar un costo fiscal de 25.500 millones de pesos” adicionales entre 2018 y 2019, discriminado en 11.900 millones este año y 13.600 el próximo, según detalló en su cuenta de Twitter.

El tema tarifas forma parte de la agenda macrista. De hecho, estuvo presente el viernes en el almuerzo entre Peña y la diputada Elisa Carrió, que fustigó a la oposición. “Dijimos que cuando los proyectos o las leyes sean malas para la Nación, el Presidente tiene la convicción y la fortaleza suficiente de usar esa herramienta constitucional, que es excepcional, que no le gusta a nadie tener que usarla, pero no vamos a dejar que una ley le haga daño al país”, dijo el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, acerca de un probable veto presidencial a la iniciativa opositora.